Dólar BCRA: compra $1435 venta $1485 Euro compra $1741 venta $1743
10 ° Ushuaia +
09/09/2025
El Gobierno de Tierra del Fuego anunció con entusiasmo la firma del contrato para la construcción de una nueva central eléctrica en Ushuaia. La obra, valuada en más de 60 millones de dólares y financiada con capitales chinos a través de la empresa Rainbow International Xi’an Engineering, se ejecutará en asociación con la estatal Terra Ignis. Según el discurso oficial, garantizará el suministro de energía en la capital durante los próximos 25 a 30 años.
El comunicado oficial destacó la incorporación de “tecnología de última generación” que permitirá aprovechar el calor residual del proceso de generación, reduciendo emisiones contaminantes y optimizando recursos. La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, detalló que la planta tendrá una capacidad de 60 MW (40 MW por turbina de gas y 20 MW por recuperación de calor), con una producción estimada de 480 millones de kWh anuales.
“Es una inversión histórica que consolida la soberanía energética fueguina”, afirmó el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, en línea con un mensaje oficial que busca resaltar la magnitud de la obra.
En paralelo, el gobernador Gustavo Melella volvió a apuntar contra la Nación. Recordó que el financiamiento original para la planta había sido gestionado con la CAF, pero “el Gobierno nacional nos trabó los fondos”. De ese modo, presentó el acuerdo con capitales chinos como un triunfo político provincial tras un supuesto obstáculo centralista.
Sin embargo, la realidad energética de Ushuaia desmiente parte de la épica del discurso a meses de las elecciones nacionales para elegir diputados y senadores. La ciudad atraviesa desde hace años un déficit estructural de generación, con equipos deteriorados y capacidad insuficiente. Solo en 2024, la Dirección Provincial de Energía difundió más de 50 comunicados de cortes programados y advertencias de fallas en el sistema. La crisis afectó tanto a los hogares, con baja tensión y apagones, como a sectores productivos que vieron comprometida su actividad.
El anuncio llega después de años de advertencias técnicas y reclamos. El propio Gobierno admite que la obra debe ejecutarse con rapidez: “ya se firmó el acuerdo y quieren empezar a embarcar los equipos”. Esa urgencia refleja el vacío de planificación: mientras se discutían responsabilidades con Nación, la crisis se profundizó y la infraestructura actual quedó al borde del colapso.
El proyecto incluye además la reparación de la planta existente, que quedará como reserva fría de 40 MW. Pero esta mejora llega tras largos inviernos de restricciones energéticas, que evidencian la ausencia de un plan de contingencia provincial en los últimos años.
El Gobierno también reivindicó el rol de Terra Ignis como “herramienta estratégica” para asociarse con privados. El desembarco de capitales chinos se da tras la resolución de un conflicto judicial con esas mismas empresas, lo que abre interrogantes sobre las condiciones y compromisos asumidos en esta “inversión histórica”.
El contrato firmado puede ser un paso importante hacia una solución de largo plazo, pero también expone una contradicción: la crisis energética se agravó durante la actual gestión, sin respuestas estructurales oportunas desde la Provincia. Presentar la inversión como un logro político no oculta la falta de previsión y la dependencia de acuerdos externos para resolver problemas internos.
En definitiva, la obra promete aliviar la presión sobre el sistema, pero Ushuaia llegó a esta situación por años de inacción y ausencia de planificación provincial. El verdadero desafío no será solo construir una nueva central, sino garantizar su concreción en plazos reales, con transparencia y una política energética sostenida que hasta ahora no se ha visto.
