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10/08/2025
En política, las formas muchas veces dicen más que el contenido. Y en la Legislatura de Tierra del Fuego, el modo en que se activó el tratamiento de la salmonicultura revela un entramado más complejo que el que sugiere un simple debate productivo.
La escena transcurrió en Río Grande. No es habitual que las comisiones 1 y 3 sesionen allí. De hecho, hacía mucho que no lo hacían. La decisión de trasladar el debate hasta allí llevó la firma política de Laura Colazo, legisladora del Partido Verde y presidenta, hasta ese momento, de la Comisión 3. Es un dato que, en sí mismo, abre interrogantes. En el lenguaje de la política, mover una discusión de sede no es una anécdota logística: es un movimiento táctico. Menos prensa, menos público, menos ruido. Y más margen para que ciertas resoluciones avancen con bajo voltaje mediático.
Ese viernes, las comisiones 1 y 3 se reunieron en la delegación legislativa de Río Grande. En la sala había representantes de organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos, cámaras empresariales y ciudadanos interesados. El tema: la modificación de la Ley 1355, la misma que hizo que Argentina se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir la salmonicultura en el mar.
Las crónicas coinciden en que el ambiente era confuso. Hubo exposiciones críticas, advertencias sobre el impacto ambiental y llamados a preservar la legislación vigente. Después, el público se retiró. Legisladores y legisladoras hicieron lo propio. Entre ellos, la propia Colazo. Se decretó un cuarto intermedio. Hasta ahí, todo se ajustaba al reglamento.
Lo que vino después es lo que desató el ruido. Según la propia Colazo, sin su consentimiento y sin que ella estuviera presente, se levantó el cuarto intermedio y cuatro legisladores -sin mencionarlos- emitieron un dictamen favorable a la nueva ley de acuicultura. El texto, de acuerdo a quienes lo defienden, mantiene la prohibición de cultivar salmónidos en el Canal Beagle, exige evaluaciones ambientales estratégicas y promueve tecnologías cerradas de recirculación. Plantea, además, generar miles de puestos de trabajo y diversificar la economía fueguina más allá de la dependencia de la industria electrónica amparada en en el subrégimen de promoción industrial.
Pero para científicos, organizaciones ambientales y pescadores artesanales, esa letra chica no es inocente. Afirman que la nueva redacción abre la puerta a zonas igualmente frágiles, como la costa atlántica o la Isla de los Estados. Y que el reemplazo exprés de la ley —una norma que en cuatro años no fue reglamentada— no obedece a cambios en la tecnología ni en las condiciones ambientales, sino a presiones empresariales y acuerdos políticos.
La pregunta es inevitable: ¿cómo llega a este punto una legisladora que construyó su carrera en la defensa ambiental? Colazo fue una de las artífices de la prohibición de 2021. Su imagen política se asocia a causas vinculadas a la protección del ecosistema fueguino. Sin embargo, en este episodio, habilitó el tratamiento en un lugar que reduce la visibilidad, en un contexto preelectoral marcado por negociaciones entre FORJA, el PJ y su propio espacio.
Ella sostiene que fue sorprendida. Que su renuncia inmediata a la presidencia de la Comisión 3 fue una reacción a lo que considera una vulneración de los principios de transparencia y participación. Pero el margen para la ingenuidad en la política provincial es reducido. ¿No sabía que mover la reunión a Río Grande podía facilitar jugadas sorpresivas? ¿O la renuncia es parte del mismo libreto, pensada para deslindar responsabilidades y preservar su capital simbólico?
Detrás del episodio hay un tablero político que vale la pena observar. El oficialismo provincial busca consolidar un frente contra Javier Milei que incluya al PJ, FORJA y el Partido Verde. En ese armado, mostrar capacidad de acordar con sectores productivos es una carta valiosa. Y en ese marco, una ley de acuicultura “moderna” —con prohibiciones puntuales pero aperturas estratégicas— puede presentarse como una señal de unidad, innovación y generación de empleo.
La historia de la salmonicultura en Tierra del Fuego no es técnica, es política. La Ley 1355 fue fruto de más de tres años de consultas, investigaciones y consensos amplios. Involucró a científicos del CONICET, ONGs, pescadores artesanales, comunidades locales y legisladores de todos los bloques. Fue celebrada como un faro internacional. Su valor no estaba solo en el contenido, sino en el mensaje: se podía desarrollar la economía sin sacrificar el ambiente.
Hoy, ese consenso se resquebraja. Y lo hace a través de un procedimiento que, para algunos, roza lo opaco. Un dictamen en minoría, emitido en una sede atípica, tras el retiro del público y sin la presidente de la comisión. El resultado: un proyecto que podría llegar al recinto antes de fin de mes.
Los defensores del dictamen sostienen que esta es la oportunidad para ampliar la matriz productiva provincial, generar empleo y posicionar a Tierra del Fuego como referente en acuicultura sostenible. Sus detractores lo ven como un caballo de Troya que, tarde o temprano, abrirá el camino a un modelo que ya dejó daños irreversibles en otras latitudes.
En el medio, la figura de Colazo queda en un terreno ambiguo. No es la primera vez que en política alguien juega en dos tableros a la vez: uno visible, cargado de principios, y otro más discreto, donde se negocian los costos y beneficios reales. El tiempo dirá en cuál de los dos se ubica finalmente la legisladora.
Lo que queda claro es que, en la Legislatura fueguina, nada de esto ocurrió por accidente.
